Senado inicia conocimiento del proyecto de ley para la administración de bienes incautados

Esta ley tiene por objeto establecer un sistema de administración, control y mantenimiento de los bienes que sean incautados, secuestrados o abandonados en el curso de un proceso penal o de extinción de dominio.

Esta pieza legislativa crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), órgano integrado por un consejo directivo y una dirección ejecutiva.

El consejo está compuesto por el ministro de Hacienda, quien lo presidirá; el procurador general de la República; el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo; dos miembros designados por el presidente de la República y el director ejecutivo del Incabide. Este último, junto a los subdirectores, será nombrado por el presidente de la República.

El Incabide podrá arrendar o alquilar a terceros los bienes muebles e inmuebles incautados, secuestrados, no reclamados o abandonados en un proceso penal.

La incautación o secuestro de los bienes no implica que estos entren al patrimonio del Estado, lo cual solo podrá ocurrir, en el marco de esta ley, cuando una sentencia definitiva disponga el decomiso o la extinción de dominio.

El INCABIDE, por razones de interés público, por necesidades de desarrollo de investigaciones criminales, podrá conceder el uso institucional provisional a entidades públicas bajo las condiciones y con las excepciones previstas en las leyes.

DIPUTADOS
Durante su conocimiento en la Cámara de Diputados, el legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, advirtió que la misma podría ser una fuente de “corrupción y abusos” debido a lo que establece su contenido.

“Con la aprobación de esta ley, el Incabide podrá: usar, dar en uso, conceder, donar, prestar, vender, alquilar, prestar estos bienes (casas, villas, carros de lujo, prendas, estaciones de combustibles, naves, aviones, entre otros) sin que los dueños hayan sido condenados y sin haber sido decomisados o adjudicados al Estado y sin la autorización de su dueño”, reveló.